La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) busca que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial incluya puntos clave que definan y otorgue recursos a la renovación vehicular y que involucre a la Secretaría de Economía (SE) en la toma decisiones en la materia.
En las últimas semanas, representantes de la industria de vehículos pesados establecida en México han sostenido distintas reuniones con los integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, así como con autoridades federales, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).
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En entrevista para TyT, Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de ANPACT, comparte puntos clave que la industria de vehículos pesados busca sean integrados a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, motivo que los ha llevado a tener distintas reuniones a nivel federal.
El principal planteamiento es que la Ley que se cocina en el Senado de la República incluya el concepto de la renovación vehicular. “Es necesario que se incluya como un hecho, y que a su vez la renovación vehicular forme parte de una política pública a nivel nacional, consistente, coherente, con los objetivos que busca la renovación vehicular o sus componentes” sostiene Osorio Carranza.
La ANPACT busca que el Fondo de Aportaciones, contemplado en el anteproyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incluya como uno de sus objetivos fundamentales a la renovación vehicular y que esté nutrido de recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la banca de desarrollo u otro tipo de fuentes de financiamiento, como de la banca privada o de la banca internacional de desarrollo.
No podemos entender una nueva política de movilidad, si no consideramos la importancia de tener unidades de transporte, de carga y pasaje nuevas, por todas las implicaciones que tienen en términos de eficiencia, seguridad y respeto por el medio ambiente”.
También es importante que establezcamos las fuentes de financiamiento o los incentivos que se puedan dar para el autotransporte a nivel nacional de forma estable y recurrente”.
Otro objetivo de la ANPACT es que la Secretaría a cargo de Tatiana Clouthier forme parte del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas que tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas para garantizar el derecho a la movilidad.
La Secretaría de Economía debería formar parte del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, porque es la cabeza del sector productivo, muchos de los trámites relacionados con normas los vemos con la Secretaría, entonces por eso proponemos que se añada un artículo 74 Bis, para señalar sus atribuciones en esta materia”.
Es decir, lo que buscamos es que del otro lado exista una mejor coordinación, para que todos los entes estén involucrados en esta nueva legislación”.
Osorio Carranza expone que otro punto que les preocupa y preocupa es la pirámide de movilidad, cuya jerarquía estará relacionada con los recursos que se le asignarán a los diferentes agentes que la conforman, desde peatones, ciclistas, el transporte de pasajeros, de carga y logística, y otros vehículos motorizados, como las motos.
El proyecto original de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial coloca a las motocicletas por encima de vehículos que son fundamentales para la actividad económica (…) esto debería de cambiarse, por el impacto social. De quedarse así sería un error comparado con las otras pirámides de movildiad social”.
En la agenda de ANPACT presentada ante legisladores está también el fortalecer la información existente sobre movilidad y seguridad vial, homologarla entre los distintos niveles de Gobierno y hacerla pública o accesible para quienes la utilicen.
Necesitamos como país mejorar los mecanismos, bases de datos, sistemas de gestión de la información de la movilidad y de la seguridad vial, y para eso proponemos que se fortalezca el registro, de tal forma se homologue la información que ya se tiene”.
Quien tiene una amplia trayectoria en el ámbito económico y financiero refiere que el proyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial habla de la participación del sector empresarial, sin embargo, considera necesario incluir de manera clara y expresa los elementos que permitan su participación en los procesos de elaboración de políticas públicas y normas, con un cómo, cuándo y en que espacios será.
Queremos ser parte de la formación de esas políticas públicas que sean consistentes, que sean coherentes, que den certeza a la inversión y a la generación de empleos, y para que respondan a la realidad”.
Se espera que este 10 de septiembre el proyecto de Dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sea enviado a los integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado.
