La reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación avalada por la Cámara de Diputados, la cual estipula hasta siete años de cárcel y fuertes sanciones económicas para quienes lucren con la toma de casetas o realicen el denominado “boteo”, permitirá actuar a la autoridad para terminar con la impunidad, y es un elemento más que abona al Estado de Derecho, coinciden participantes en el autotransporte. 

Así, quienes interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje para obtener un lucro, serán sancionados con una pena de tres meses a siete años de prisión.

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Adicional, el dictamen que reforma dicha ley, establece que se harán acreedores a una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Las sanciones dictadas en el artículo 533 también aplican para quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías.

Esta decisión legislativa llegó luego de que con el inicio de la denominada “nueva normalidad”, se acrecentó la toma de casetas en distintos puntos del país por grupos que obtenían cuantiosas ganancias, sin necesariamente defender alguna causa. 

Al respecto, José Refugio Muñoz López, vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), expuso que para la organización que aglutina a pequeñas, medianas y grandes empresas, la reforma permitirá —en teoría— a la autoridad actuar en el momento en que se presente el bloqueo o toma de la plaza de cobro. 

Justamente, lo que pretende es acabar con esa impunidad, pues actualmente, como está la ley, la autoridad no puede actuar si no hay una denuncia previa y, cuando se consigue la orden de un juez, los responsables de la toma de la vía de comunicación ya ni siquiera están en el lugar”. 

José Refugio Muñoz López, vicepresidente Ejecutivo de Canacar.

Por su parte, Leonardo Gómez Vargas, director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), confió en que la reforma derive en el cumplimiento del Estado de Derecho.

Adicionalmente, se prevé que contribuya a un descenso real de estas prácticas realizadas por grupos que se benefician del pago de los automovilistas y operadores, ya que generan un importante daño a las arcas del Gobierno. 

La toma de casetas, “boteo” y bloqueos, añadió, derivan en el doble pago de cuotas para los transportistas de carga y pasaje, riesgo de robo, daños a las unidades, modificaciones en la logística al verse obligados a cambiar las rutas y problemas para cumplir con las entregas justo a tiempo.

El Estado de Derecho y la Ley de Vías Generales de Comunicación tienen que ir encaminadas al bien común y atender los derechos de todos sin transgredir al delincuente”.

Leonardo Gómez Vargas, director General de ANTP.

Legisladores detallaron que, durante 2019, Caminos y Puentes perdió o dejó de percibir más de 3,000 millones de pesos a consecuencia de la toma de casetas en el país; mientras que para 2020, año en el que se agudizó el denominado “nuevo huachicol”, los daños se estiman superiores.

Si bien son distintos estados los que presentan esta problemática, casetas de cobro ubicadas en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero y el Estado de México son las más afectadas. 

En Michoacán, grupos de inconformes intensificaron la toma de casetas hacia el último cuarto de 2020, con el “boteo” realizado durante lapsos no superiores a los 60 minutos.

Los jóvenes pertenecientes al magisterio provocaban sobrecostos para los transportistas de hasta 1,000 pesos por unidad de carga. Sin embargo, su rápido actuar impedía que elementos de la Guardia Nacional llegaran a tiempo para desalojarlos. 

Las casetas de Pátzcuaro-Zirahuén, San Ángel Zurumucapio-Uruapan, Maravatío-Zapotlanejo y Zinapécuaro fueron los puntos rojos, y sus protestas, en ocasiones, estaban acompañadas del secuestro de unidades de pasaje para trasladarse de una zona a otra.

Mientras que los vehículos de carga eran tomados y vandalizados a su paso para bloquear las carreteras. 

El contexto apremia la publicación de esta reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, por parte de la Secretaría de Gobernación, para su posterior aplicación.

El Gobierno federal informó que su estrategia de prevención de toma de casetas evitó la fuga de mil 589 millones de pesos en enero pasado, mientras que el acumulado de 2020 al primer mes de 2021 la cifra es de 11 mil 186 millones de pesos.