La legisladora Macarena Chávez, del PRD, promueve un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a sus homólogas en los estados, a terminar con las irregularidades y abusos cometidos por proveedores de servicios de grúas, respondientes de accidentes y percances en las vías federales de comunicación.

En un comunicado, la diputada incluso acusó a autoridades de tener aparentes acuerdos para extorsionar con impunidad, sin contar los riesgos a los que se someten por la inseguridad.

Chávez Flores dejó en claro que esta corrupción afecta en general a todos los consumidores finales de los diversos productos, materias primas, equipo y maquinaria, ya que estos abusos elevan los costos del transporte debido a las flotas son orilladas a aceptar servicios de grúas que, en ocasiones, superan los 100,000 pesos. 

“Todos los gastos antes mencionados terminan por repercutir en los costos de las mercancías o en una disminución en las utilidades para empresarios, además de una reducción en la calidad de los servicios y un aumento en los tiempos de entrega, lo cual nos lleva a que, ‘el pagano final’ sean el consumidor y la economía en general”. 

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La diputada sostuvo que los operadores de vehículos de carga y los conductores particulares acusan un contubernio entre elementos de seguridad federal, policías estatales y hasta elementos de la Guardia Nacional, con empresas de grúas, para llevar a cabo cobros excesivos por maniobras de salvamento, enganche y arrastre.

Denunció la existencia de esta problemática pese a que a nivel federal existe un tabulador de grúas como parte de los servicios que regula la SICTademás de los abusos en patios de corralones.

Finalmente, dijo que esta situación se ha convertido, en palabras de los usuarios de estos servicios, en una psicosis, por lo que llamó a los legisladores a actuar ante las instancias pertinentes. 

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