El incremento de la inseguridad en Córdoba, Orizaba y Fortín de las Flores, pone en riesgo el abasto de Gas LP en esos municipios pertenecientes a Veracruz, advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas). 

 

“La inseguridad que prevalece en nuestro país, en el caso particular, dentro de la región mencionada se ha salido de control, al grado de volver riesgosa la circulación de vehículos distribuidores y del personal de empresas formalmente establecidas, así como de la población en lo general”, sostuvo Amexgas en un comunicado. 

 

Denunció la venta del combustible de procedencia ilícita y sin el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos por las autoridades, en vehículos ajenos al mercado legalmente establecido, actividad que pone en riesgo a los trabajadores de la industria formal y a la población. 

 

La asociación que agrupa a empresas con 1,270 plantas de distribución, 35 mil unidades de reparto, 2,600 tráileres y 4,481 estaciones de servicio y bodegas de expendio, lamentó el deterioro del Estado de derecho en los municipios de Córdoba, Orizaba y Fortín, lo que consideró como una clara muestra de una crisis de seguridad pública que se vive en el Estado de Veracruz. 

 

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Para atender la problemática, la Amexgas consideró que la Fiscalía General de la república (FGR) debe tener una representación en materia de hidrocarburos en las localidades con una mayor incidencia en el robo de energéticos. 

 

También planteó la necesidad de simplificar los trámites y el ejercicio de la acción penal al tratarse de un delito grave, así como la recepción de los vehículos y consignación por fuerzas federales de las personas involucradas en el robo y venta de Gas LP para que enfrenten el debido proceso.  

 

Entre las competencias de la FGR, añadió, está el verificar la acreditación de la propiedad de producto mediante la presentación de la factura o CFDI, así como los permisos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la alta de los vehículos dentro del parque registrado ante la Comisión. 

 

Consideró indispensable que la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ejerzan sus facultades y realicen operativos de verificación en instalaciones y vehículos presumiblemente ilegales o irregulares, ello con el apoyo a Guardia Nacional.

 

Amexgas sugirió la conformación de comisiones integradas por la Guardia Nacional, la FGR, la CRE, ASEA y la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Crédito Público (SHCP) para realizar inspecciones y auditorías de controles volumétricos a empresas denunciadas por compra, distribución y comercialización de Gas LP robado. 

 

Finalmente exhortó a las autoridades federales a atender de forma urgente, y de coordinada con los otros niveles de gobierno, la problemática para garantizar la seguridad de las empresas, sus trabajadores y la población.