El pasado 28 de marzo se publicaron las modificaciones a la Ley de Ingresos de Baja California, en las que se establece un cobro por municipios para el transporte de carga.
Empresarios, cámaras y asociaciones establecieron negociaciones con el gobierno de Baja California para detallar que, en el caso del servicio público federal, quien rige su operación es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de tal manera que esta iniciativa sería un intento más en la denominada sobrerregulación.
Específicamente, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), a través de su vicepresidente regional, Jorge Arizona, del delegado en Tijuana, Israel Delgado, y el de Mexicali, Luciano Jiménez, lograron un acuerdo satisfactorio para el servicio público federal.
Y es que Rafael Echegoyen, director general del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, envió un documento a Enrique González, presidente nacional de la Canacar, para notificarle que, en efecto, el servicio público federal quedará exento de lo estipulado en la Ley de Movilidad de la entidad.
“Las empresas que cuenten con los permisos, placas federales vigentes; y siempre y cuando la final de tránsito sea de carga y descarga de un punto de origen a destino, seguirán realizando las actividades esenciales que actualmente han llevado dentro del estado”, se lee en el documento.
Eso sí, aclara, en el supuesto de hacer cabotaje o se genere explotación del servicio en el área urbana, se requerirá del permiso, que deberá tramitarse ante el Instituto de Movilidad Sustentable
Leer: En plena emergencia, BC impone cobros al transporte de carga
“Eso sí, nosotros como Canacar siempre estaremos dispuestos al diálogo. Y en este caso, nuestros delegados y el vicepresidente de la región estuvieron muy de cerca con el gobernador, hasta llegar a este acuerdo”, señaló Enrique González a TyT.
