Con la modificación a las reglas que delinean la legalización de los autos ‘chocolate’, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estimula el ingreso de contrabando, aseveró la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). 

Lo que estamos viendo es un decreto que estimula la entrada del contrabando, que favorece su regularización, que le exime del pago de los impuestos federales, como el IVA y los derechos arancelarios derivados de la importación se circunscribe a un pago único de 2,500 pesos”.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA.

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En conferencia de prensa en la que participaron las Asociaciones que representan a la industria automotriz establecida en México, el llamado fue a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconsidere las condiciones en que está permitiendo el ingreso de autos ilegales al país. 

En voz de Rosales Zárate, las asociaciones evaluaron que el Decreto por el que se modificaron las reglas para legalizar los denominados autos ‘chocolate’ “vulnera el marco jurídico mexicano, y abre la puerta aún más para que los vehículos que siguen entrando en calidad de contrabando se incrementen en número”. 

En el artículo 6 del Decreto se expone que los propietarios de autos introducidos de manera ilegal al país deben enviar la inscripción de su unidad al Registro Público Federal (Repuve), se trata de un formato firmado por el ciudadano bajo protesta de decir verdad, más el comprobante del pago de aprovechamiento por 2,500 pesos. 

 Al respecto, el líder de la AMDA expuso que, “el procedimiento que se está instaurando carece del mínimo elemento de control por parte del Estado mexicano para asegurar que los vehículos a los que se les dará legal estancia no cuentan con reporte de robo, con reporte de condiciones extremas en cuanto a la calidad mecánica que evite su circulación y, por supuesto, se deja de lado cualquier consideración a la obligación de llevar a cabo la verificación de emisiones contaminantes”.

Es decir, se dejan fuera las acciones de control de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el papel del sistema del agente aduanal y no se menciona el contar con un pedimento de importación. 

Esto no solo vulnera el marco jurídico mexicano, sino que abre la puerta aún más para que los vehículos que siguen entrando en calidad de contrabando se incrementen en número”. 

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA. 

En su turno, Miguel Elizalde, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), sostuvo que hay «una asimetría regulatoria”, ya que a los vehículos nuevos se les exigen dispositivos, pero no a los usados. 

Añadió que se deben atender las causas de la importación de vehículos ligeros usados y eso, en muchos casos, tiene que ver con mejorar el transporte urbano de pasajeros, con la renovación de flota. 

Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), sostuvo que el marco regulatorio para la legalización de este tipo de vehículos debe estar a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas y no de Repuve, quien carece de las facultades que se le atribuyen en el decreto. 

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En el contexto planteado, en el que además el Gobierno federal extendió dos meses la vigencia del decreto, la industria de autos de México expuso que se dejarán de vender más de 200,000 autos nuevos. 

De acuerdo con la AMDA, un estudio realizado en 2015 reveló que la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos deja un hueco de 200,000 vehículos nuevos sin vender en el país, para el caso actual creen que la afectación será superior. 

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