Durante febrero, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador evitó la pérdida de 2,660 millones de pesos por la toma de casetas en el país, es decir, 95 millones de pesos al día.
En conferencia de prensa matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en el acumulado de junio de 2019 a febrero pasado, la cifra asciende a 12,257 millones de pesos.
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En el primer mes del año, la estrategia de prevención de la toma de casetas evitó la fuga de mil 589 millones de pesos en enero pasado, en manos de grupos de inconformes e incluso de organizaciones que se dedican al denominado ‘boteo’.
Hasta diciembre pasado, el Gobierno federal mantenía operativos en las casetas de cobro de Tlalpan y Tepotzotlán, en la Ciudad de México; en Palmillas, Baja California; Hermosillo, Guaymas y Nogales, en Sonora.
Así como en San Martín, San Marcos y Chalco, en el Estado de México; así como en San Blas, Acaponeta, Ruiz, Trapichillo, Santa María el Oro y La Cantera, en Nayarit.
La semana pasada, inconformes intensificaron la toma de casetas y boteo en plazas de cobro de Michoacán. Esta es una de las entidades, donde la forma intermitente de operar, principalmente del magisterio, impiden acciones concretar del Gobierno federal, a través de la Guardia Nacional.
En febrero pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual permite a las autoridades actuar con penas de tres meses a siete años de prisión y multas a quienes lucran con la toma de casetas en el país.
Las sanciones dictadas en el artículo 533 también aplican para quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías.
