Los organismos y asociaciones de comercio, venta en línea y transporte, manifestaron su preocupación y rechazo a la propuesta gestada en la Ciudad de México para crear un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega gestionados a través de plataformas tecnológicas.

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Fintech México (FTMX), la COPARMEX Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), firmaron el documento que objeta la inclusión de este impuesto en el artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022.

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Los organismos consideraron que este impuesto genera un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas.

Y es que la iniciativa propone la creación de éste por el uso y explotación de la infraestructura capitalina dirigido a plataformas tecnológicas a través de las cuales las personas contratan la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía.

El nuevo impuesto aumentará los costos para los comercios, los restaurantes, las plataformas de pago, de logística, de última milla, de venta a domicilio y mercados en línea (marketplaces), entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras».

“Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente, representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un periodo complejo como la pandemia”, comparten los organismos.

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Asimismo, señalan, contradice a la política del Gobierno federal de no crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la OCDE de no establecer más impuestos a la economía digital.

“Un impuesto local por usar las calles no tiene precedente y es inconstitucional, va en contra del principio de equidad tributaria y además es una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales los afecta en gran medida”, precisa el comunicado.

De acuerdo con las agrupaciones firmantes, este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación, e impactando a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación ganancias.

De igual forma, aumentará los costos para el comercio minorista que complementa sus actividades u opera en su totalidad con apoyo de, o incluso utilizando sus propias plataformas, quienes son tratados de manera injusta por dicha propuesta y en general podría desincentivar el crecimiento de este sector que está generando un beneficio para la población por todos los incentivos que ofrece aunado a la creación de nuevas fuentes de ingreso.

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“Hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la Ciudad de México para valorar los efectos negativos que tendrá este impuesto de manera participativa, transparente y en pleno respeto al marco constitucional”, reiteran los organismos.

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