La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) busca establecer mecanismos para que el transporte público transite del modelo hombre-camión a uno de empresas y sistemas organizados.

Durante el 20 Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, que se llevó a acabo en Guadalajara, Jalisco, los representantes de la AMAM reconocieron que el reto del 2022 es avanzar en la institucionalización del transporte público como una política de Estado.

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Además, de establecer rutas de acción y mecanismos financieros para la reactivación del transporte y el aseguramiento de la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Los especialistas destacaron que la aportación del transporte público urbano al PIB es del 4% y gracias a este sector se mueve más del 40% de la población, es decir, 50 millones de personas diariamente a los largo del país.

Por ello, enfatizaron la necesidad de gestionar la movilidad y en particular el transporte público como una política social acorde con el derecho a la movilidad, como una oportunidad de equidad, inclusión social y reducción de la pobreza en el país.

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Al respecto, el senador y secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Eli Cervantes, indicó que la Ley aprobada busca que la movilidad sea accesible a todas las clases sociales, como un derecho constitucional que conlleva el acceso al derecho a la salud, educación y esparcimiento.

En tanto, las autoridades de movilidad coincidieron en la necesidad de homologar la innovación y tecnologías para la seguridad vial y conseguir una movilidad sustentable.

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