Luego de aprobarse en la Cámara de Diputados un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para regularizar vehículos «chocolate»,  José Antonio Ortega, Director Técnico de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), urgió al Senado y Ejecutivo a no validar la propuesta a fin de no legalizar la corrupción, sino combatir las cadenas de ilícitos desde su origen.

“Permitir la importación de vehículos usados es darle la espalda a la industria automotriz y afectar directamente a la economía de México. Muchos de estos vehículos son utilizados para realizar actividades ilícitas, entre ellas el tema de robo a autotransporte”, señaló.

En conferencia conjunta, Eduardo Solís, Presidente Ejecutivo de la AMIA, expresó que con dicha iniciativa se viola lo estipulado en la Constitución, además de dañar al ambiente y fomentar más la inseguridad en la frontera.

“La industria está a favor de considerar a los vehículos, siempre y cuando sea con documentos legales del Ejecutivo. Estamos en un diálogo para brindar facilidades administrativas para que en mínimo seis meses, se estén otorgando”, dijo.

Por su lado, Guillermo Prieto, Presidente Ejecutivo de AMDA, consideró que los planteamientos para la introducción de dicho artículo son populistas y las cifras carecen de veracidad. Asimismo, pidió tener un mercado interno automotriz fuerte, vigoroso, que genere empleos, impuestos y crecimiento económico.

Previamente, a través de un comunicado, la industria automotriz representada por la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores A.C. (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes, ANPACT, CANACINTRA y CONCAMIN,  indicó que el mercado interno automotor –actualmente en crisis– caería hasta 30% adicional de aprobarse esta iniciativa, por lo que solicitó al Senado y al Ejecutivo Federal su intervención y pronunciamiento que permita eliminar el transitorio que faculta al Congreso legislar vehículos ilegales.

El pasado 18 de octubre, el diputado Manuel López Castillo, integrante de Morena, presentó una reserva para introducir el artículo transitorio Décimo Quinto, que faculta al Congreso de la Unión en un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esa Ley a realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.