La Onexpo Nacional se pronuncio respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, para que se cumplan los criterios de legalidad, transparencia y certeza jurídica en la aplicación de las leyes con estricto apego al estado de Derecho.

Con base en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los asociados de la Onexpo analizaron los diversos puntos de la iniciativa, para realizar observaciones y consideraciones al respecto. 

Para el combate del huachicol fiscal, la Onexpo indicó que se requiere la aplicación efectiva del Estado, en las sanciones que se encuentran establecidas en los ordenamientos jurídicos vigentes.

Los representantes de Onexpo argumentaron que la propuesta de reforma genera incertidumbre y mayores riesgos a las inversiones, pues preocupa que pretenda declarar la suspensión de las actividades de las empresas para que la petrolera nacional tome el control de las instalaciones.

Además, que esto se pueda realizar sin un procedimiento que respete el derecho de audiencia y las normas que salvaguardan el cuidado de la operación y mantenimiento de las instalaciones afectadas. Así como tampoco se garantiza mantener los lineamientos operativos que cada empresa aplica en sus instalaciones y no se brinde una adecuada atención, servicio y calidad en el despacho de los productos de cada establecimiento comercial suspendido.

También señalaron que la propuesta de iniciativa inhibe abiertamente la competencia y atenta contra la certeza jurídica, al incorporar requisitos poco altos y de alta subjetividad para la aplicación de la suspensión y revocación de permisos.

Asimismo, explicaron que se observan aspectos que, además de generar sobrerregulación, no contemplan criterios de proporcionalidad y gradualidad, al considerar disposiciones para sancionar a los empresarios que incumplan con los términos de permiso y alteren los instrumentos expendedores de combustibles.

En redundancia con las conductas ya reguladas por diversas autoridades tanto administrativas como judiciales, tales como la Ley Federal para Prevenir Delitos en materia de Hidrocarburos, que establece causales, sanciones y procedimientos vigentes y en caso extremo la revocación de los permisos.

Otro punto a considerar es la negativa ficta para el trámite de los permisos, con lo que la autoridad podrá negarlos sin necesidad de responder, justiciar o explicar al solicitante las razones del no otorgamiento.

En cuanto a la suspensión de permisos por el motivo de “peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional”, indicaron que es una definición totalmente subjetiva y de discrecionalidad limitada por parte de quien ejerza tales atribuciones con base en su parecer. 

“Al no establecer un proceso por el cual el interesado pueda comparecer de manera previa a la suspensión de sus derechos y refutar la causa, la propuesta legal también viola el derecho de acceso a la justicia”, subrayaron en un comunicado.

En este contexto, los representantes de Onexpo recordaron que un mercado de gasolinas y diésel debe operar bajo disposiciones claras, y en beneficio de los consumidores finales.

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