El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe expedir reglas de comercio exterior que garanticen que los vehículos ilegales que se pretenda regularizar realmente no tengan reportes de robo, declaratoria de no circulación en Estados Unidos o no satisfacen la normatividad ambiental. 

En conferencia de prensa conjunta, representantes de la industria automotriz instalada en México solicitaron al SAT que se les permita participar en las reglas secundarias de comercio exterior que definan los procesos para la regularización de autos introducidos de manera ilegal al país. 

Te puede interesar: Importación de vehículos pesados usados hila en agosto 10 meses de incrementos

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) expuso que la autoridad mexicana debe verificar el historial vehicular del auto en Estados Unidos o en México, la declaratoria de no circulación en Estados Unidos  y que satisfacen la normatividad ambiental. 

Expuso que son puntos pendientes en el Decreto, que abren la posibilidad de retomar la comunicación entre el sector automotor y el SAT para participar y compartir sus propuestas que ya son del conocimiento formal del Gobierno federal para que se mejore la regularización de vehículos usados. 

Los líderes de la industria automotriz reconocieron que el Decreto tenga una vigencia de seis meses, tiempo en que se podrá realizar el proceso para la legalización de los autos. 

Además, limita su aplicación a 10 estados: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit. 

Sin embargo, Rosales Zárate advirtió que, de no existir ninguna restricción –como una identificación especial en el emplazamiento– para los autos ilegales estos pasarán a incorporarse con derecho pleno a la circulación y el comercio en otros estados del país, lo cual generará un mayor impacto geográfico. 

El líder de la AMDA recordó que durante la vigencia de la regularización de autos ilegales de 2006, además de los vehículos que se encontraban presentes al momento de la expedición del Decreto, se tuvo una entrega excesiva de autos que casi duplicó lo que originalmente y se encontraba circulando en nuestro territorio. 

Eso es justamente lo que debemos evitar porque de lo contrario, las 2 millones de unidades que considera el Decreto en sus principios para justificar la aplicación del programa de regularización pudiera hacerse aún más grande y con esto presionar el mercado de vehículos ligeros en estas entidades federativas”. 

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA.

En su turno, Virginia Olalde López-Gavito, directora de comercio exterior de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), agradeció que el Decreto publicado la tarde del miércoles no incluya la regularización de vehículos pesados ilegales. 

En cambio, resaltó la importancia de que la industria participe en la elaboración de las reglas secundarias del Decreto, con la finalidad de que los vehículos que se regularicen cumplan con los mismos estándares de los que se comercializan en México para tener una mejor seguridad vial, medio ambiente y parque vehicular con una edad menor.  

Añadió que, a pesar de que el Gobierno no abrió la puerta a la regularización de pesados ilegales, la importación de unidades usadas  de carga y pasaje se encuentra en máximos de 2014, lo cual lo convierte en un problema de que ser abordado de raíz. 

José Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), sostuvo que el sector ve con preocupación que el Gobierno federal haya publicado el Decreto sin establecer medidas de control para la futura introducción ilegal de vehículos. 

Reiteró que los productores de autos apoyan el objetivo de la iniciativa, que personas de escasos recursos accedan a vehículos más baratos, pero no por la vía de la regularización de lo ilegal.

Por parte de la Industria Nacional de Autopartes (INA), su nuevo presidente ejecutivo, Francisco González, expuso que están a la espera de participar en la elaboración del reglamento que emitirá el SAT con medidas sobre seguridad vial, sustentabilidad y sobre las características que tiene el parque vehicular. 

Para la INA es importante la cadena de valor, definitivamente en cada vehículo que ingresa dejamos de aportar como industria una pieza, una parte, un sistema y todo esto implica un daño a la base laboral de todas las empresas que están buscando mantenerse en la integración de vehículos nuevos”.

Francisco González, presidente ejecutivo de INA.

 Como lo había adelantado en octubre pasado, una vez publicado el Decreto y se conocieran las reglas para la regularización de autos ilegales, la industria automotriz del país analizaría los recursos legales a su alcance para defender sus intereses. 

“Los asesores legales de AMDA realizan una revisión puntal y darán un dictamen sobre la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal”, aseveró Rosales Zárate.