La reforma a la Ley de Hidrocarburos afecta la libre competencia, desalienta las inversiones en el sector, daña los bolsillos de los consumidores y constituye una violación a la Constitución, así lo consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La Coparmex argumentó que en el proceso legislativo no se corrigieron las disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad, además de que al validar las posibles prácticas anticompetitivas de Pemex, los principales afectados serán los consumidores.

“Reiteramos nuestra preocupación porque con esta legislación se faculta a la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a suspender los permisos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, de manera discrecional y con temporalidad indefinida, ante un peligro inminente a la seguridad nacional, energética o para la economía nacional sin que haya definido claramente los supuestos normativos que regirán estas decisiones”, apuntaron mediante un comunicado.

En este sentido, la Coparmex indicó que otro tema preocupante es el ajuste realizado al régimen de sanciones que permite revocar los permisos previamente expedidos a los titulares que incumplan con los requisitos correspondientes o infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

En cuanto a la reforma en la que se elimina el concepto de asimetría y da nuevamente a Pemex el control en la venta de combustibles, lo que también repercutirá no solo en la competitividad, sino en el bolsillo de las familias mexicanas, al no tener opciones para comprar combustible más barato que el ofrecido por la empresa productiva del estado.

“Coincidimos con la postura de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el sentido de que la reforma que protege a Pemex frente a sus competidores, terminará afectando a los mexicanos, pues los mercados sólo operan en beneficio de los bolsillos de los consumidores y el interés público cuando están bien regulados”, declaró Coparmex.

Bajo este contexto, expresaron su preocupación por estos cambios a la ley que pudieron realizarse sin una previa consulta con expertos y en un proceso de fast track, que impidió la discusión y el debate sobre afectaciones a los consumidores.

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