La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya inició el proceso de consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y emisión de dictamen total, del Reglamento de Grúas.

Así lo señaló Jorge Arganis Díaz-Leal, titular de la dependencia, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura, y de Radio y Televisión, con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno.

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En este espacio, fue cuestionado por la diputada Marisela Garduño sobre la corrupción de prestadores de servicios de grúas y corralones concesionados que, en su opinión, afectan a los otros despojándolos de su legítimo patrimonio”.    

La legisladora del PT consideró que es indispensable dotar de certidumbre jurídica a usuarios de las vías y que la SICT ponga orden, toda vez que, dijo, los corralones son cuevas de la corrupción pues se exige el pago de servicios sin que exista un tabulador oficial que dé seguridad jurídica.

“Considero que la dependencia a su cargo ponga orden, porque a fin de cuenta, toda la cadena de corrupción y pagos indebidos que se hacen, se reflejan en los precios finales de los productos que consumimos”, expresó.

Arganis Díaz-Leal subrayó que la actividad de las policías estatales y municipales en carreteras federales no es su área de acción; mientras que en la SICT la lucha contra la corrupción es una prioridad y reconoció una queja constante sobre los servicios de grúas, pensiones y salvamentos.

Precisó que una vez que se termine la consulta en CONAMER del Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, Auxiliares al Autotransporte Federal, se turnará a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Sobre el tema, el diputado Francisco Javier Borrego Adame, recordó que el reglamento de grúas es un pendiente de hace más de tres años. “Creo que debemos acelerar ese nuevo reglamento para que los transportistas sepan cuánto se le va a cobrar por cada servicio que soliciten o muchas veces ni lo solicitan”, dijo en su participación en esta comparecencia.

El legislador de Morena acusó que los gruyeros cobran lo que quieren, lo que no es benéfico para la economía del sector transporte.

Cabe recordar que esta iniciativa está congelada en la CONAMER desde octubre de 2017 y fue retomada por la presente administración federal, sumando a la revisión a la Guardia Nacional.

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SICT pide apoyo para tener mayor presupuesto

Durante esta comparecencia, el diputado Juan Pablo Montes de Oca mencionó que para el 2022 hay una reducción respecto al año pasado para el rubro de carreteras y cuestionó cómo atenderá la SICT pues hay muchos caminos rurales que necesitan ser modernizados.

En respuesta, Jorge Arganis Díaz-Leal comentó que una carretera es sinónimo de progreso y bienestar para la población; por ello, pidió el apoyo de los legisladores para que la dependencia a su cargo cuente con mayor presupuesto en este rubro.

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“Estamos conscientes de las enormes necesidades en todo el país y ver cómo distribuir el recurso de mejor manera. Este año se invertirán 16,318 millones de pesos para la conservación de carretera y se han ejercido 10,910 millones de pesos, 67% de lo autorizado. Al cierre del año se completarán para no tener subejercicio presupuestal”, señaló.

Agregó que en ejercicio subsecuentes, hay 24 proyectos carreteros y 650 proyectos en el rubro de alimentadoras y rurales.

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