El robo al autotransporte representa el 10% de los delitos cometidos contra empresas de todos los tamaños y es el séptimo delito más común en contra de las unidades económicas del país, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización a Empresas del Inegi.
De todas las actividades que realizan las empresas en el país, trasladar productos por carreteras, autopistas y corredores industriales es percibida por líderes empresariales y gerentes de unidades económicas como una de las actividades de mayor riesgo para cualquier giro.
Alejandro Hope, especialista e investigador en temas de seguridad, señala que es conocido que el robo al autotransporte tienden a concentrarse en espacio y tiempo. Es decir, son mayúsculos en determinadas entidades y horarios.
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Entonces, si es conocido por las autoridades y el sector las zonas de alto riesgo para la operación de los vehículos de carga y la forma en que operan los criminales para cometer sus actividades ilícitas, ¿por qué persiste el robo al autotransporte?
El especialista apunta a seis factores que permiten que el robo al autotransporte sea una actividad en ascenso en el país:
- Débil presencia del Estado mexicano en el territorio nacional.
De acuerdo con el especialista, en México hay zonas completas en las que no hay presencia de ninguna autoridad, lo que permite que surjan cuerpos armados y otras formas de control sobre comunidades.
Hay regiones en las que son otros los actores los que controlan el territorio, y esto abre la puerta a todas las formas de economía ilícita, como lo es el robo al autotransporte”, afirmó.
Alejandro Hope señaló que si la Guardia Nacional, corporación encargada de brindar seguridad en territorio nacional, quisiera cubrir todo el país, requeriría de aproximadamente 300 mil elementos.
Hasta ahora, este cuerpo de seguridad, que apenas cumplió un año de su surgimiento y es la principal apuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con 90 mil elementos y su despliegue alcanza el 66 por ciento.
2. Enorme corrupción en instituciones de seguridad y justicia.
Los delitos contra el autotransporte están registrados, y la información la tiene la autoridad, advierte Alejandro Hope.
Las autoridades saben qué está sucediendo y conocen dónde y cuándo, pero no actúan porque hay redes de complicidad. En la medida que persistan las redes de complicidad, pues entonces persiste el ilícito”, subraya.
El investigador señala que una parte de los robos lo comete la autoridad, y una parte de los riesgos que enfrentan los transportistas viene –también– de la propia autoridad.
“Está ampliamente documentado cómo en algunas regiones la Policía Federal, Estatal o Municipal extorsionaban directamente a los transportistas y están en complicidad con las bandas que se dedican a este ilícito”, expone.
3. Coordinación insuficiente entre niveles de gobierno.
Una parte del robo al autotransporte sucede en carreteras federales, en las entradas a zonas urbanas, en donde las autoridades ya juegan un rol y tienen un papel en específico, explica.
Los ataques contra las unidades de carga se realizan en áreas circundantes, en las que rodean a las carreteras. Y ahí, de acuerdo con el experto, quien debe intervenir es la autoridad estatal o municipal, pero no lo hacen.
“Porque muchas veces no se hablan entre ellos o la coordinación no tiene la eficacia que debería tener para atender delitos de esta naturaleza”, subraya.
4. Infraestructura inadecuada para la prevención.
Una gran parte de la infraestructura carretera no se ha adaptado o es inadecuada para prevenir el robo al autotransporte de carga, detalla Alejandro Hope.
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Comparte, por ejemplo, que hay zonas con múltiples brechas que llegan directamente a la carretera, lo que claramente es propicio para la comisión de delitos.
En muchas regiones, adecuaciones relativamente menores a la infraestructura, como poner ciertas barreras físicas, podrían prevenir un buen número de incidentes.
5. Difícil transición de Policía Federal a Guardia Nacional.
Durante casi 20 años, la ventanilla del Estado para atender el robo al autotransporte era la Policía Federal, particularmente la División de Seguridad Regional. Y, antes de ello, fue la Policía Federal de Caminos.
En ambas corporaciones, señala el investigador, pesaban problemas de corrupción. No obstante, para los encargados de la seguridad en las empresas de autotransporte había claridad sobre quién era el responsable de atenderlos en caso de presentarse un incidente.
“En el último año y medio, hemos transitado a una corporación de naturaleza militar. Y buena parte de esta estructura de vigilancia y de estos elementos se fueron, y no han sido sustituidos por alguien en específico”, expone.
Por tanto, en muchas regiones no está claro quién es la ventanilla de atención: la Guardia Nacional, el Ejército o los dos. O sigue siendo la Policía Federal, porque en algunas regiones se mantienen activos los elementos de este cuerpo de seguridad.
“Esto dificulta la operación de las empresas. Y se prevé que las dificultades en la transición persistan por algún tiempo”, advierte.
6. Información no compartida entre actores privados.
Alejandro Hope señala que el sector cuenta con mucha información sobre el robo al autotransporte, desde cómo ocurren los ataques hasta cuáles son las zonas de mayor riesgo.
Pero estos registros no se comparten o, si se hace, es por medio de mecanismos que no son reaccionarios.
“Van a las cámaras, a los grupos de seguridad, establecidos, a grupos de seguridad informales. Hay mucha información allá fuera y que se está perdiendo, pero que pudiera ser de gran valor para estos participantes. Pero se requiere un mecanismo eficaz para compartir y hacer mutua la información”, propone.
