El transporte público podría alcanzar pérdidas de hasta 9,800 millones de pesos a nivel nacional durante los tres meses más intensos de la emergencia sanitaria, debido a una disminución de aproximadamente 60% en la demanda del servicio, estimó el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México, por su sigla en inglés).

El sector enfrenta un escenario adverso que compromete su sostenibilidad financiera, la seguridad laboral –principalmente para los operadores de vehículos–, y el servicio a los usuarios, no solo durante la contingencia, sino hacia futuro. 

Durante los tres meses más intensos de la emergencia sanitaria estimada al momento, se prevén pérdidas económicas por hasta el 40% del ingreso del periodo, ante la caída de la demanda de casi el 60 por ciento. La pérdida acumulada puede llegar a 9,800 millones de pesos a nivel nacional”.  

Fernando Páez, Director de Movilidad de WRI México

WRI México, en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), y con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), realizaron un ejercicio de análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector. 

Los impactos estimados se calcularon con datos aportados por algunas autoridades asociadas a la AMAM, lo que permitió contar con una muestra de información de ciudades mexicanas de 13 estados de diferentes regiones del país, tamaños y características de sus sistemas de transporte público colectivo.

Las ciudades que se tomaron en cuenta para la muestra fueron Aguascalientes, Campeche, Cancún, Villa de Álvarez en Colima, Hermosillo, Guadalajara, León, Manzanillo, Mérida, Oaxaca, Pachuca, Querétaro y Zacatecas.

Entre los resultados se encuentran que el sector ha efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación; sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.

Se estima que el 38 por ciento de las personas que han cambiado su modo de transporte durante la emergencia sanitaria ha aumentado su gasto en el doble o más, lo que afecta el ingreso disponible de la población que necesita realizar desplazamientos para la atención de sus necesidades básicas e incrementa su vulnerabilidad ante la emergencia.

En cuanto a los puestos de trabajo relacionados con el sector, se calcula que, en promedio, se emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y que existe un 40 por ciento adicional de otros puestos de trabajo asociados. 

A nivel nacional, comparando el dato obtenido en el análisis sobre los empleos del transporte colectivo urbano y suburbano, estos superan 3.5 veces los empleos acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril, reportados por el INEGI.

Para WRI México, el impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación y venta de autopartes, los servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, sólo por mencionar algunos.  

El reto particular de este sector –en un contexto que pone en riesgo su sostenibilidad financiera– es que es esencial que su operación continúe, señaló la organización.

“Se recomienda que las acciones de política prioricen la permanencia de los puestos de trabajo (incluidos los conductores), ahorros dentro de los costos operativos y no fijos;  y que garanticen la provisión de un servicio regular, principalmente para quienes realizan labores en el marco de la emergencia”. 

De no tomarse acciones durante la presente contingencia, anticipa WRI México, aumenta la probabilidad de que concesionarios y operadores busquen optimizar sus recursos en la prestación del servicio, menos autobuses, rutas, frecuencias y cobertura para la población usuario del transporte con sus impactos derivados en salud y economía. 

Urgen fondos de emergencia

WRI México, la AMAM y ANPACT urgieron a las autoridades considerar al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas.

Las organizaciones expresaron que se requiere una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.

Por ello propusieron asignar fondos de emergencia –entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes–, que aporten sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.

Además, prever la recuperación del sector, que tome en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas, sino la inversión que reactive su transformación y mejora, y establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.

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