Compartir información entre autoridades y flotas, regular la seguridad privada y frenar la socialización del delito, son tres áreas de oportunidad para establecer una estrategia contra el robo a autotransporte, consideró María de Haas, especialista en seguridad.

En el marco del Security Conference & Expo SCE De Haas reconoció que si bien hay muchos pendientes en esta materia, de cara al 2021 y con la próxima llegada de Rosa Icela Rodríguez a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estos son los temas más urgentes que iniciativa privada debe posicionar con las autoridades.

En primera instancia se refirió a la falta una estrategia conjunta entre Gobierno federal y las empresas de transporte en el que se comparta la información de inteligencia que las propias flotas han generado con su experiencia.

Las empresas de transporte necesitan ser escuchadas, la presencia de la Guardia Nacional ayuda a cubrir las necesidades operativas pero hay necesidades de inteligencia”.

La especialista consideró que el despliegue de la Guardia Nacional en carreteras es para evitar la comisión de delitos; sin embargo aún falta incorporar otros datos como los nuevos modus operandi y la identificación de las bandas delictivas, la cual las flotas ya tienen.

Asimismo, dijo si bien presencia de la Guardia Nacional especialmente en casetas de las vías de comunicación, aún hacen falta más elementos desplegados en las carreteras.

Durante el panel  “Seguridad: Retos y Buenas Prácticas en la Cadena de Distribución”, De Hass Matamoros explicó que este fenómeno ha orillado a las empresas transportistas a protegerse contratando servicios de seguridad privada, que, sin embargo, no pueden ejercer el uso legítimo de la fuerza.

“Esto implica hacer un ajuste legislativo en el próximo periodo de sesiones y hablar de legislación de seguridad privada para que las empresas de seguridad privada que cuidan al transporte puedan ejercer el uso legítimo de la fuerza, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con protección a los derechos humanos”, comentó.

María de Haas llamó a encontrar la forma de que se convierta en una acción legal el tener custodios y que puedan ejercer uso legitimo de la fuerza con un protocolo de operación que garantice el respeto a los derechos humanos, así como la integridad de los operadores, las unidades y la carga.

Finalmente se refirió a la socialización del delito, pues el modus operandi ha cambiado, antes era arbitrario y ahora son acciones de delincuencia organizada que involucra a familias de una población, lo cual hace que prolifere el robo tumultuario perpetrado por personas de todas las edades: “Lo hace más difícil de combatir porque no se puede criminalizar a las personas que por necesidad están robando un vehículo de transporte, pero en muchas ocasiones este robo es desmedido”, dijo.

Agregó que se debe buscar la manera de aplicar una estrategia de apoyo social que pueda desincentivar el robo y los comportamientos delictivos, especialmente en los menores de edad.

En general, señaló que el robo a transporte es un síntoma de un magno problema logístico a nivel nacional y que en años recientes ya está visto como un flagelo en materia de seguridad y que impacta el desarrollo nacional.

Alertó que las estadísticas indican que los robos de carga son más violentos, colocando a México dentro de los tres países que tienen mayor riesgo a nivel mundial por el robo a transporte.

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