Esta escena es común: un tractocamión que presenta una falla mecánica sobre la carretera o autopista, incluso un incidente vial. Llega la grúa y lo arrastra al depósito vehicular. 

A la hora de pagar el servicio, el monto es de hasta 100,000 pesos por conceptos inexplicables. De no acceder, el precio sube por cada día de estancia en el corralón.

¿Estos precios obedecen a la oferta y la demanda, son los usos y costumbres, no hay de otra? ¿Son las zonas grises del marco legal? ¿Por qué se paga tanto por un arrastre de apenas 10 kilómetros? Estas preguntas tienen distintas respuestas según quién las conteste.

Al respecto, uno de pronunciamientos más recurrentes por parte de los prestadores de servicios de grúas es que la SCT haya otorgado concesiones a quienes no cumplen con los requisitos para este propósito, lo que ha ocasionado distintos problemas en el sector.

Específicamente, la Comisión Nacional de Grúas (Conagrúas) ha sugerido que la dependencia federal debería realizar un estudio de factibilidad para definir las condiciones en que habrá de expedir una concesión, pues en la actualidad, este segmento es cada vez más competido y, mientras unos cumplen y otros no, el mercado se erosiona.

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De hecho, la propia Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ya puso este tema en la agenda de la actual administración federal. De forma particular, le pidió a Carlos Morán, Subsecretario de Transporte de la SCT, que revisara y atendiera “el incremento desmedido de los permisos otorgados a nuevos prestadores de este servicio, pues se ha identificado que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad en sus vehículos ni en la ubicación de los depósitos vehiculares”.

Este pronunciamiento no es nuevo. Cuando recién tomaron la estafeta de la administración anterior, Salomón Elnecavé, Director General de Autotransporte Federal dijo que se reuniría con directivos de CONAMER para destrabar el anteproyecto del Reglamento de los Servicios Auxiliares de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos. 

En ese entonces, en abril de 2019, confirmó que se solicitaría el apoyo de Canacar para analizar y, en su caso, actualizar el tabulador de los servicios. El proyecto sigue en el mismo lugar.