La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a realizar la Declaratoria Oficial de Contingencia Sanitaria ante la pandemia coronavirus COVID-19. 

Con la Declaratoria, la administración de AMLO daría certeza legal a las empresas y trabajadores, dedicados a las actividades productivas afectados en su operatividad por el coronavirus. 

Sin la Declaratoria, las empresas se encuentran en la incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las repercusiones legales con respecto a las medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, explicó Coparmex en un comunicado.  

El marco legal actual no autoriza a los empleadores solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad o incumplimiento de contrato”, refirió. 

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En tanto, los empleados están desprotegidos por la Ley Federal de Trabajo, en el caso que tengan que ausentarse de sus labores. 

Con la Declaratoria Oficial, por parte del Gobierno de AMLO, las empresas estaría obligadas a pagar a sus trabajadores por una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo. 

Además cada empresa, acorde a su capacidad económica, podría negociar un salario mayor al mínimo durante la suspensión, y las que por su muy precaria condición económica no pudieran pagar el mínimo, lo tendrían que acreditar, explicó Coparmex. 

El sindicato patronal se sumó a Concamin en la solicitud a AMLO para que defina las actividades necesarias para la población, como e de medicamentos, comestibles, hidrocarburos y agropecuarios, por mencionar algunos. 

Con lo anterior, las empresas tendrán la seguridad de que seguirán operando con el personal necesario durante la contingencia por coronavirus COVID-19, para abastecer a la población y brindar servicios básicos. 

Una vez más, el sector privado expresó a AMLO su preocupación por las afectaciones económicas que provocará la pandemia en la economía local y de las empresas. 

Ante el panorama, Coparmex propuso a AMLO que convoque a un Acuerdo Nacional en el que participen el Gobierno, los trabajadores y empleadores, para analizar el impacto económico, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica y sanitaria.