José salió rumbo al norte cargado con veinte toneladas de tornillos y otras piezas para el ensamble de vehículos. Es un hombre-camión que tiene tres unidades repotenciadas con las que ha sacado adelante a su familia. Dos de sus hijos ya se recibieron de la universidad y la menor sigue estudiando. 

Nunca han vivido con lujos, pero tampoco les ha faltado el sustento. Desde siempre, su esposa se dedicó al hogar y, de a poco, han ido construyendo una casa que ahora es el patrimonio de todos. Su nuera se hace cargo de la contabilidad del negocio y de ahí sale para mantener, además, a los dos operadores que trabajan para la empresa familiar desde hace más de cinco años. 

Esta pequeña empresa es de las que han padecido las de Caín con la pandemia. Su principal negocio, que era mover maquila, se vino abajo y, de un día para otro, los tres tractos se quedaron aparcados: primero un día, luego una semana y finalmente más de dos meses. Uno que otro viaje salía y de pronto ya no era rentable. 

Por eso José tuvo que diversificar su operación y buscar quién ocupaba fletes. Por eso decidió emprender rutas hacia el norte o hacia cualquier lugar, siempre y cuando representara unos pesos para la familia. Este viaje, en particular, le preocupaba porque ya sabía que debía pasar por Vícam, donde los supuestos yaquis estaban cobrando el derecho de piso.

Los colegas comentaban que la cuota era de 100 pesos y alguno que otro “más abusado” se salía con “la suya” dando solo 50. Por si las dudas José preparó ambos billetes, en espera de poder pasar con el de menor denominación. De ida no se pudo y lo intentó también de regreso. Tampoco. 

“Doscientos pesos extra por un solo viaje. El horno no está para bollos. En qué parte de la contabilidad se anotan esos gastos. Quién permite este robo, quién solapa a estos vividores. Por qué se encajan con los transportistas si según ellos es un tema político. Esto no es nuevo, pero alguien debe hacer algo. Qué opciones tenemos. Quién nos regresará este dinero. Quién vela por nuestra seguridad en caso de que no paguemos. Quién gobierna en Sonora”, se pregunta este operador, casi en soliloquio.

Su queja y su llamado están dirigidos a los gobiernos estatal y federal, pero también a esa comunidad yaqui, que hoy, dice, es mejor conocida como una banda de maleantes y rateros. No logra entender porqué son ellos los que pagan una “cuota” arbitraria, unilateral y a todas luces violenta. 

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Se ha sabido de colegas que, en el mejor de los casos, salen con el camión abollado cuando no pagan. Hay otros con un peor destino: golpeados, humillados, incluso amenazados. No hay reporte de víctimas fatales, pero a José no le extraña que, hasta que eso suceda, alguien tomará cartas en el asunto. 

Hasta donde le sea posible, este operador evitará esta ruta, como ya hicieron muchos otros. Sus tres camiones se van despertando de la pandemia y, “primero Dios”, el negocio saldrá adelante. Mientras, sigue alzando la voz para que se acabe esta situación de una buena vez y regrese cierta paz para los que circulan por esta remota  Autopista del Sur.