El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que al 30 de diciembre se evitó la pérdida de 9,597 millones de pesos por la toma de casetas; sin embargo, transportistas aseguran que hace falta mano dura. 

El equipo de seguridad de AMLO inició acciones contra la toma de casetas y ‘boteo’ en casetas de la Ciudad de México a partir de junio de 2019, y al cierre de diciembre se evitó la fuga de 5,823 millones de pesos. 

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El operativo en las plazas de cobro de Tlalpan y Tepoztlán, por su antigüedad y complejidad, es el que más frutos ha dejado al Gobierno federal. 

En Baja California, las acciones incidas en septiembre de 2019 impidieron, hasta el mes pasado, la pérdida de 2,905 millones de pesos. 

En Sonora, la tribu Yaqui tomó de forma permanente las casetas de la carretera federal número 15, y después de distintas negociaciones, se consiguió su liberación a mediados de diciembre. 

Sin embargo, este martes, la Guardia Nacional reportó la toma de las plazas Esperanza y Fundición, en los tramos Ciudad Obregón-Guaymas y Estación Don-Ciudad Obregón, por parte de miembros de la etnia. 

En Nayarit, entidad donde en septiembre pasado el Gobierno de AMLO liberó ocho casetas, las labores continúan y en tres meses se impidió la pérdida de 155 millones de pesos. 

Al respecto, Claudio Gallegos, secretario general de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), comentó para TyT que en 2020 hubo un avance significativo en cuanto a las acciones emprendidas contra la toma de plazas de cobro en el Estado de México, Ciudad de México y Nayarit. 

Lo anterior, en beneficio de los transportistas y conductores de vehículos ligeros; sin embargo, refirió que aún falta trabajo por hacer, como es el caso de la toma de casetas en Michoacán. 

El integrante de Conatram añadió que entre septiembre y octubre hubo un incremento preocupante en la toma de casetas en el país, lo cual no debió permitirse, ya que el Gobierno federal habla de acciones iniciadas desde 2019, que pudieron replicarse en las zonas de conflicto. 

En este contexto, Rafael Ortíz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), sostuvo que la administración federal solo presenta cifras, pero en la práctica, cualquiera puede tomar casetas y realizar ‘boteo’ y retirarse, ante un actuar laxo de las autoridades. 

“Que nos digan a cuánta gente han metido a la cárcel, en este momento están tomadas casetas. Son porcentajes que nadie ve. En el momento que alguien quiere dinero, se cuelga el nombre de cualquier asociación, toma casetas, ‘botea’ y se retira”, sostuvo. 

Ortíz Pacheco refirió que con el arranque de año, en el caso de Sonora, los Yaquis retomarán sus actividades en las casetas, ”le pegan dos o tres horas, cuando se cansan se van y después llega la Guardia Nacional”. 

Al respecto, Omar Arredondo, gerente Operativo de Transportes Comandos del Norte, indicó a TyT que los miembros de la tribu Yaqui fueron desalojados de las casetas que mantenían tomadas desde hace dos años; sin embargo, aún piden “cooperación” a los transportistas en distintos puntos. 

En el Senado de la República se encuentra ya la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, avalada por la Cámara baja, la cual plantea penas de hasta siete años de cárcel y sanciones económicas a quienes lucren con la toma de casetas en el país.